La reciente reforma judicial, promulgada el 15 de septiembre de 2024, ha sacudido los cimientos del Poder Judicial de la Federación (PJF) en México. La inédita elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros ha desatado un conflicto sin precedentes dentro de la propia judicatura, enfrentando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una lucha de poder que amenaza con minar la legitimidad del sistema de justicia y, por extensión, del Estado de derecho.
Desde que los Comités de Evaluación de los tres poderes federales de México iniciaron el proceso de selección de aspirantes, las tensiones no han cesado. Irregularidades en la insaculación de candidatos, impugnaciones sin respuesta efectiva y la negativa del TEPJF a rectificar fallos erróneos han convertido el proceso en una contienda marcada por la desconfianza y la incertidumbre. La intervención del Tribunal Electoral, al ordenar la devolución del proceso al Senado sin modificar las listas finales, ha provocado una serie de cuestionamientos sobre la verdadera independencia y autonomía de este órgano.
En este ambiente de incertidumbre, la Corte ha intentado frenar el proceso mediante suspensiones dictadas por jueces de distrito. Sin embargo, el Tribunal Electoral ha respondido con una severa crítica, acusando a la SCJN de extralimitarse en sus facultades y de actuar con un sesgo político en contra de la reforma. La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, junto con otros magistrados, ha solicitado la recusación de cuatro ministros, entre ellos la presidenta de la SCJN, Norma Piña, bajo el argumento de que su postura pública sobre la reforma compromete su imparcialidad.
Este jueves 13 de febrero, la Suprema Corte deberá pronunciarse sobre el alcance de su propia autoridad en este proceso. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentará un proyecto en el que propondrá exigir a todas las autoridades el cumplimiento de las suspensiones y mantener vigente la protección a exmiembros del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. El documento advierte sobre “un alarmante debilitamiento del Estado de derecho”, señalando que la Sala Superior del TEPJF ha asumido atribuciones que no le corresponden, debilitando la independencia judicial.
La fractura entre los órganos del Poder Judicial no solo amenaza la legitimidad del nuevo modelo de elección de jueces, sino que expone una crisis más profunda: la politización de la justicia. Lo que debería ser un debate sobre el equilibrio de poderes se ha convertido en un enfrentamiento donde cada actor parece más preocupado por consolidar su influencia que por garantizar el acceso a una justicia imparcial y efectiva.
Uno de los principales riesgos de esta confrontación es la erosión de la confianza ciudadana en el sistema de justicia. La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho y, sin ella, las decisiones judiciales corren el riesgo de ser percibidas como meros instrumentos políticos. Si la Corte y el Tribunal no logran dirimir sus diferencias con base en criterios estrictamente jurídicos, el mensaje que se envía a la sociedad es que la justicia en México está supeditada a intereses particulares, debilitando la credibilidad institucional y fomentando una mayor polarización social.
Por otro lado, el impacto de esta crisis en el proceso electoral judicial es innegable. La incertidumbre sobre la validez de los procedimientos y la falta de consenso entre los órganos judiciales encargados de supervisarlos pueden derivar en impugnaciones masivas, bloqueos administrativos y, en el peor de los casos, en un proceso de elección cuestionado desde su origen. La posibilidad de que jueces y magistrados electos por voto popular carezcan de legitimidad en su nombramiento es una amenaza latente para el funcionamiento adecuado del Poder Judicial en los próximos años.
Además, el enfrentamiento entre la SCJN y el TEPJF podría abrir la puerta a una mayor intervención política en los asuntos judiciales. La constante disputa entre ambos órganos podría ser utilizada como justificación para futuras reformas que busquen reestructurar el sistema de justicia, lo que podría generar un retroceso en términos de independencia y autonomía judicial. De no resolverse con prontitud, este conflicto podría allanar el camino para una mayor concentración de poder en un solo órgano o incluso en el Ejecutivo, debilitando aún más la separación de poderes.
México enfrenta una encrucijada: permitir que esta guerra entre jueces erosione la confianza en las instituciones o establecer mecanismos de diálogo y control que aseguren la estabilidad del sistema judicial. La historia nos ha enseñado que cuando la justicia se convierte en un campo de batalla política, es la democracia la que termina perdiendo. Por ello, es fundamental que los actores involucrados actúen con responsabilidad y prioricen el fortalecimiento institucional sobre los intereses particulares.
Sergio Uzeta M, periodista y consultor
