En las próximas horas, la Cámara de Diputados enviará de regreso al Senado la iniciativa sobre nepotismo, luego de que la mayoría morenista y sus aliados modificaran el acuerdo original. Inicialmente, el Senado había determinado que la reforma entraría en vigor hasta 2030, pero ahora se aplicará desde 2027, en línea con lo propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, más allá del debate legislativo, la discusión pública sobre el nepotismo ha estado marcada por una confusión intencionada sobre su verdadero significado.
¿Qué es realmente el nepotismo?
El término ha sido utilizado de manera ambigua en el discurso político, pero la definición es clara. La Real Academia Española (RAE) lo describe como:
“Utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores, al margen del principio de mérito y capacidad”.
Este concepto no se limita a una relación padre-hijo, como algunos políticos han intentado sugerir. En realidad, el nepotismo abarca cualquier tipo de consanguinidad o afinidad dentro de una estructura de poder, siempre que implique el uso indebido del cargo para favorecer a familiares.
Un elemento clave es que el nepotismo no es solo la contratación de familiares, sino su designación en puestos sin cumplir criterios de mérito y capacidad, o la creación de estructuras clientelares dentro de una institución.
A diferencia de las acusaciones políticas sin sustento, el nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación ha sido ampliamente documentado.
Un estudio de Mexicanos contra la Corrupción reveló que al menos 500 jueces y magistrados en el país han colocado en tribunales y juzgados a esposas, hijos, padres, sobrinos, tíos, cuñados e incluso suegras. Estas redes clientelares abarcan más de 7 mil servidores públicos en 31 circuitos, lo que demuestra la magnitud del problema.
Incluso, en 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció públicamente la existencia de nepotismo en el Poder Judicial, aunque aseguró que había logrado reducirlo en un 12%.
Estos datos muestran que el nepotismo no es solo una percepción política, sino una práctica arraigada en diversas instituciones.
En contraste con los casos documentados, el término nepotismo ha sido utilizado de manera ligera y errónea en el debate político.
Un ejemplo reciente son los señalamientos contra Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE. Se le ha acusado de nepotismo por supuestos nombramientos familiares dentro del instituto. Sin embargo, tras una revisión en los repositorios oficiales y los registros de nombramientos, no se encontró evidencia de que haya contratado a familiares ni en el INE central ni en los Organismo Públicos Locales Electorales (OPLES).
A pesar de esto, sus detractores han tratado de vincularla con una supuesta red de nepotismo en Sonora. Sin embargo, Taddei no es gobernadora del estado ni presidenta de la República, por lo que no fue responsable directa de los nombramientos que se le atribuyen.
Este tipo de acusaciones sin fundamento no solo distorsionan el debate, sino que también diluyen la lucha contra los verdaderos casos de nepotismo y corrupción.
El nepotismo es una práctica dañina que debe ser combatida con firmeza en todas las instituciones públicas. Sin embargo, es fundamental distinguir entre casos documentados y acusaciones sin sustento.
La manipulación del término para atacar adversarios políticos o generar desinformación no solo erosiona la credibilidad del debate público, sino que también debilita la lucha contra el tráfico de influencias y el uso indebido del poder.
Combatir el nepotismo es una causa legítima, pero hacerlo con precisión y con base en hechos verificables es aún más importante.
