- A tres meses de la histórica elección judicial, más de la mitad de la ciudadanía dice estar poco o nada informada sobre el proceso
A menos de tres meses de que los ciudadanos acudan a las urnas para elegir por primera vez en la historia a jueces, ministros y magistrados, una reciente encuesta publicada por el diario El Financiero, revela una contradicción preocupante: aunque el 56 por ciento de los mexicanos respalda la Reforma Judicial, el 55 por ciento asegura estar poco o nada informado sobre las elecciones que definirán el futuro del Poder Judicial.
El estudio también señala que el 63 por ciento de los encuestados apoya la elección popular de jueces, magistrados y ministros, la cifra más alta desde enero de 2024, cuando alcanzó el 64 por ciento. Sin embargo, este dato contrasta con los resultados de julio de ese mismo año, cuando la opinión pública estaba dividida con 42 por ciento a favor y 44 por ciento en contra.
Estos números podrían interpretarse como un aval ciudadano al nuevo modelo de justicia, pero al mismo tiempo, plantean un desafío inmediato: garantizar que la ciudadanía entienda cómo y por quiénes votará el próximo 1 de junio.
Uno de los datos que más llama la atención de la citada encuesta, es que el interés por participar en la elección judicial cayó del 66 por ciento en enero al 52 por ciento en febrero, mientras que el desinterés subió de 34 por ciento a 47 por ciento.
Cabe destacar que este indicador no mide la participación real, sino el interés que los ciudadanos manifiestan tener en el proceso. No obstante, es un reflejo de la falta de información que rodea la reforma judicial y que podría traducirse en una baja afluencia en las urnas.
Si bien el respaldo a la reforma se mantiene, el riesgo de que una parte importante del electorado no participe es latente. La pregunta clave es: ¿qué están haciendo las autoridades electorales y gubernamentales para informar a los ciudadanos?
Más allá del desconocimiento general sobre la elección, hay otros factores que podrían afectar la participación ciudadana. Uno de ellos es el desfase en el inicio de las campañas federales y locales:
Las campañas federales comenzarán a finales de marzo, mientras que en el Estado de México, por ejemplo, las campañas arrancarán hasta el 25 de abril.
Este desfase podría generar mayor confusión entre la ciudadanía sobre quiénes son los candidatos y qué cargos estarán en juego en cada nivel.
Además, a diferencia de otros comicios, las boletas en esta elección judicial serán completamente distintas. El electorado no solo deberá conocer a sus candidatos, sino también cómo identificarlos correctamente en las boletas, que incluirán números y nombres específicos para cada aspirante.
Con un tiempo tan limitado para las campañas y las restricciones en la promoción de los apirantes, el desafío de lograr que los ciudadanos lleguen informados a las urnas se vuelve aún más complejo;
¿Un problema de diseño o de comunicación?
La falta de información sobre la elección de jueces, magistrados y ministros es un problema que involucra a los tres poderes de la Unión, al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Si bien la reforma ya es un hecho, la manera en que se está comunicando a la ciudadanía parece insuficiente. La encuesta de El Financiero pone en evidencia que existe una brecha informativa que podría traducirse en una crisis de legitimidad si la participación es baja.
Las preguntas clave siguen en el aire:
- ¿Cómo se está capacitando a los ciudadanos para que emitan un voto informado?
- ¿Qué medidas tomará el INE para garantizar la comprensión de las boletas?
- ¿Cómo se espera que la gente conozca a los candidatos si hay restricciones en su promoción?
En estas circunstancias el respaldo mayoritario a la Reforma Judicial no garantiza el éxito de su implementación. A menos de tres meses de la elección, el mayor reto no es convencer a la ciudadanía de que la elección de jueces es buena, sino lograr que participen en un proceso del que aún sabe muy poco.
Los objetivos esperados de esta reforma son claros: que la elección de personas juzgadoras fortalezca la legitimidad del Poder Judicial, que haya una alta participación ciudadana, que los votantes lleguen informados y que el proceso sea un éxito democrático. Sin embargo, la falta de información, el desinterés creciente y la complejidad del proceso amenazan con generar un escenario distinto: una baja participación, confusión en las urnas y dudas sobre la efectividad del nuevo modelo judicial.
Si las instituciones responsables no refuerzan su estrategia de información, el 1º de junio podría marcar un antes y un después en la confianza de los ciudadanos en el nuevo modelo judicial, pero no por los motivos esperados.
