El proceso electoral judicial que 17 estados de la República Mexicana han emprendido este año enfrenta enormes desafíos, tanto en el plano presupuestal como en la armonización legal requerida para su implementación. Con el vencimiento del plazo para la adecuación de las constituciones locales el próximo 15 de marzo, la incertidumbre rodea un ejercicio electoral inédito en el país, que definirá el rumbo de la justicia en cada entidad.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha señalado que tres entidades -Colima, San Luis Potosí y Zacatecas- se encuentran en un nivel de alto riesgo para concretar estos comicios debido a la falta de recursos. Además, diez estados aún esperan respuesta a sus solicitudes de presupuesto, lo que deja en una posición crítica a la mayoría de las entidades involucradas. Solo el Estado de México y Sonora cuentan con financiamiento suficiente para el proceso.
La falta de recursos no es un tema menor. Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) no solo deben garantizar la operatividad de sus elecciones judiciales, sino también mantener el desarrollo ordinario de sus funciones. En estados como Colima y San Luis Potosí, los recortes presupuestales han sido del 69% y 67.8%, respectivamente, lo que compromete seriamente su capacidad de acción. En Zacatecas, la situación es aún más delicada, pues su déficit financiero podría llevarlo a una parálisis operativa total. Esto sin contar que aún arrastra adeudos con el INE por procesos electorales anteriores, lo que agrava aún más su situación financiera.
El otro gran desafío es la armonización de las constituciones locales con la reforma judicial publicada en septiembre de 2024. Aunque la reforma permite cierta flexibilidad a los congresos estatales en cuanto a las modalidades de elección, la fecha límite para realizar estos cambios es inminente. De no completarse en tiempo y forma, se corre el riesgo de generar conflictos jurídicos y de gobernabilidad, lo que pondría en entredicho la legitimidad del proceso electoral.
Aunado a esto, la carga de trabajo para el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) es enorme. La elección judicial no solo involucra la renovación de 1,749 jueces y magistrados estatales en 17 entidades, sino también la elección de 881 cargos del Poder Judicial de la Federación el próximo 1 de junio. Esto representa un desafío logístico sin precedentes, más aún en un contexto de restricciones presupuestales y de posibles conflictos legales derivados de la falta de armonización normativa.
El caso de Guerrero ejemplifica otra arista de esta problemática. Su gobernadora, Evelyn Salgado, solicitó al Congreso local aplazar la elección judicial hasta 2027, lo que refleja el nivel de complejidad del proceso. Nayarit, por otro lado, enfrenta una situación en la que el propio INE se desistió de coadyuvar en la organización de sus comicios judiciales por imposibilidad material, no obstante que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pidió al Instituto incluir a Nayarit en esta elección extraordinaria.
Además de los problemas financieros y legislativos, se suma la falta de claridad en la ciudadanía sobre la relevancia de este proceso. La elección de jueces y magistrados es un ejercicio sin precedentes en México y su éxito dependerá, en gran medida, de la capacidad de las instituciones para informar a la población sobre su importancia.
Ante este panorama, las preguntas que surgen son inevitables: ¿cómo garantizar elecciones judiciales legítimas si los recursos son insuficientes? ¿Cómo evitar que la falta de armonización legal derive en impugnaciones y crisis de legitimidad? ¿Cómo garantizar la transparencia en un proceso de esta magnitud?
El tiempo apremia y la incertidumbre persiste, dejando claro que este proceso electoral requerirá no solo voluntad política, sino también soluciones urgentes y eficaces para garantizar su éxito. Si no se toman medidas inmediatas, se corre el riesgo de que esta elección, en lugar de fortalecer el sistema judicial mexicano, termine por debilitarlo.
