Nunca en la historia de México se había dado por mandato constitucional una elección por voto directo de las personas que ocuparán puestos de decisión en la judicatura federal y en la SCJN; pero no es la judicatura federal la única que se renovará este año: también está a la vuelta de la esquina una serie de elecciones locales que redefinirán las judicaturas de 18 estados de la República.
Un vistazo a la geografía electoral nos arroja 7 entidades federativas que votarán por la totalidad de las personas juzgadoras y magistraturas de sus poderes judiciales locales; 11 verán elecciones que implican un cambio parcial en sus órganos jurisdiccionales.
Entre estos estados que vivirán una renovación total se encuentran Chihuahua, el más extenso de la Federación; al lado de Aguascalientes, que representa el 0.3% de la superficie del país, nos permiten entender las asimetrías no sólo de nuestra patria sino de la misma elección judicial.
Las grandes distancias del norte mexicano con las cercanías del Bajío; la lejanía casi insular de Baja California y la Ciudad de México, la mayor urbe del país: ambas entidades se someterán a una renovación parcial de su aparato judicial. Estos contrastes nos indican que cada Organismo Público Electoral (OPLE) tendrá que organizar su elección inédita con pocos puntos de referencia. A su favor tendrán el conocimiento local; en contra probablemente la concurrencia con la elección judicial federal, de suyo complicada, que distraerá al electorado y acaso lo confundan.
No hay que olvidar que el 1º de junio de 2025 la ciudadanía recibirá un mínimo de 6 boletas para marcar en la casilla; adicionalmente, en las 18 entidades las personas electoras recibirán boletas adicionales. Sin una adecuada labor didáctica la multiplicidad de boletas puede derivar en barullo y pérdida de tiempo, que desembocará, de ocurrir, en un grave daño en la confianza ciudadana para futuras elecciones judiciales, sin obviar que la misma elección de este año se pondría en entredicho.
Si el Poder Judicial de la Federación sigue siendo un continente desconocido, visto a la distancia entre las brumas del formalismo y la escasa educación jurídica de la ciudadanía, las judicaturas locales comparten esa misma opacidad, a pesar de que están en teoría más cercanas al electorado estatal. El primer gran desafío que vivirán los OPLES será pues iluminar y cartografiar rápidamente esos poderes judiciales para que la ciudadanía tenga cabal idea de qué territorios se les pide colonizar con la fuerza de su votación.
Esa sería una similitud entre ambas elecciones. Las diferencias son tan obvias que acaso nos pasen desapercibidas: vuelvo al ejemplo de Chihuahua y Aguascalientes que nos permiten entender la dispersión geográfica, las diferentes inquietudes del electorado y por ende expectativas dispares. Hay por supuesto similitudes: estados con alternancia política electoral que nos hablan de electorados politizados y sin una lealtad fija a tal o cual ideología y por lo tanto podrían votar —recordando esa frase atribuida al premier chino Den Xiaoping— por el gato que cace ratones, sin importar su color de pelaje.
Entidades federativas con agravios viejos y nuevos contra sus poderes judiciales, ya sea por lejanía al pueblo, venalidad o ineficiencia; o con temas muy concretos, como la gestión de los recursos naturales, el fortalecimiento municipal, los delitos del fuero común de alto impacto, la corrupción de la administración pública y el deseo que los jueces por elegir no sólo sean contrapeso sino garantes de la lucha contra los abusos del poder, reales o imaginarios.
A ello debemos sumarle la propia manera de ver las cosas de los pobladores de cada estado: en Chihuahua y Aguascalientes el comercio internacional pesa; pero también la tenencia de la tierra, la escasez de agua, la manera en la cual se asimilan los cambios socioculturales, el sentimiento religioso o la ausencia de éste, la importancia o el debilitamiento de la familia “tradicional” como base social. Chihuahuenses e hidrocálidos son sin duda parte de México; pero eso no los hace idénticos o intercambiables: votarán por personas juzgadoras que respondan pues a esas diferencias, no sólo a sus similitudes.
Por ello cada elección local será distinta, aunque el marco federal y nacional las abarquen. Cualquier intento por analizar a priori desde un escritorio de la Ciudad de México son meras aproximaciones más o menos académicas y, por ello, inestables: habrá pues que tomarlas con mucha precaución pues sus generalizaciones tramposas no serán de mucha utilidad. Si se quiere hacer pues una proyección del voto en Baja California, por ejemplo, habrá que acudir a dicho estado y hacer mucho trabajo de campo.
La elección de la misma ciudad capital se avizora llena de contrastes acaso más notorios que en el resto de la República, y que se pondrán a prueba en esta elección judicial: ¿se renovará una judicatura progresista en la Ciudad de México o los puestos quedarán más dentro de la órbita de las viejas estructuras del mismo poder que se renovará vía el voto popular?
Falta ver por supuesto cómo vigilarán las OPLES la actividad de los partidos políticos nacionales o locales; la injerencia o falta de la misma de los otros poderes de cada entidad federativa (en particular el peso del ejecutivo local en la elección) y los particulares grupos de presión en cada estado: por ejemplo, se antoja inevitable que las poderosas uniones ganaderas de Chihuahua y Tamaulipas tengan notorio interés en impulsar (o acaso bloquear) candidaturas afines a mantener cierta gestión de la tierra y el agua favorable a la industria pecuaria, en detrimento de candidaturas que tengan otras ideas acerca de la gestión territorial de dichos recursos.
Sería irresponsable especular sin bases firmes; sería ingenuo hacerlo sin entender que geografía a ratos es destino y presente. Es pues necesario aceptar que esta elección abre la puerta no sólo a la oxigenación impostergable de las judicaturas locales, sino que el juego político por dichas posiciones atraiga a todo tipo de intereses partidistas y económicos, leales o arteros. Serán temas que las OPLES deberán atender y que los observadores de estos procesos de votación estatal no deben dejar de analizar.
