El próximo 30 de marzo de 2025 marca el inicio de un capítulo histórico en la democracia mexicana: las campañas de las personas candidatas a cargos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes, por primera vez, serán elegidos mediante el voto directo de la ciudadanía el 1º de junio.
Este proceso, sin precedentes en el país, representa un avance y un desafío monumental tanto para las autoridades electorales como para los aspirantes y, sobre todo, para los ciudadanos que tendrán en sus manos la responsabilidad de decidir quiénes integrarán uno de los poderes más importantes del Estado mexicano. Sin embargo, a pocos días del arranque de las campañas, persiste una preocupante incertidumbre que amenaza con minar la legitimidad y el éxito de esta elección: la falta de información clara, oportuna y accesible.
Las personas aspirantes a estos cargos enfrentan un panorama confuso. Las reglas establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a principios de este año, junto con el catálogo de sanciones que delinean lo que está permitido y lo que no durante el periodo de campaña, no han sido suficientemente difundidas ni explicadas. Esta opacidad ha generado temor entre los candidatos, quienes dudan en capacitarse o movilizarse ante el riesgo de infringir normas que desconocen.
Pero el problema trasciende a los aspirantes: la desinformación y los rumores están permeando entre la ciudadanía, erosionando el interés y la confianza en un proceso que debería ser un parteaguas en la vida democrática de México.
No es exagerado decir que la elección del Poder Judicial por voto popular es un experimento audaz que podría fortalecer la rendición de cuentas y la representatividad en un sistema históricamente percibido como lejano y elitista. Sin embargo, para que este ejercicio cumpla su propósito, es imperativo que los mexicanos cuenten con información suficiente que les permita entender la relevancia de su participación.
¿Qué funciones desempeñan los jueces, magistrados y ministros? ¿Cómo impactan sus decisiones en la vida cotidiana? ¿Qué criterios deben considerarse al evaluar a un candidato? Estas preguntas no pueden quedar sin respuesta ni relegadas a especulaciones en redes sociales o charlas informales. La falta de claridad no solo desincentiva la participación, sino que abre la puerta a la manipulación y al voto desinformado, lo que podría comprometer la calidad de las personas electas y, en última instancia, la impartición de justicia en el país.
La responsabilidad de revertir esta situación recae en múltiples actores. En primer lugar, el INE debe redoblar esfuerzos para comunicar de manera sencilla y constante las reglas del juego, no solo a los candidatos, sino a la población en general.
Talleres y cursos, campañas en medios masivos y plataformas digitales, debates públicos y materiales didácticos son herramientas esenciales para dar dimensión y contexto a este proceso inédito. Los medios de comunicación, por su parte, tienen el deber de ir más allá del sensacionalismo y las notas superficiales, apostando por un periodismo que informe, eduque y fomente el análisis crítico.
Asimismo, los partidos políticos, organizaciones civiles y académicos deben sumarse a la tarea de generar un debate informado, promoviendo espacios de diálogo donde las propuestas de los candidatos sean conocidas y discutidas.
La elección del próximo 1º de junio no es un trámite más en el calendario electoral; es una oportunidad única para que los ciudadanos incidan directamente en la conformación del Poder Judicial y, con ello, en el rumbo de la justicia en México. Pero esta oportunidad solo se materializará si se erradica la desinformación y se sustituye por datos claros, accesibles y oportunos.
No basta con convocar a las urnas; hay que motivar una participación consciente, basada en el entendimiento de lo que está en juego. Las autoridades electorales, los medios y los actores políticos tienen en sus manos la posibilidad de transformar la incertidumbre en entusiasmo y la apatía en compromiso. Depende de ellos, y de todos nosotros, que esta elección no se convierta en un experimento fallido, sino en un paso firme hacia una democracia más participativa y justa.
