A menos de 48 horas del inicio de las campañas para la elección de personas juzgadoras, persisten muchas incógnitas, tanto para los candidatos como para la ciudadanía. Se trata de un proceso inédito en la historia del país, donde quienes aspiran a convertirse en jueces y magistrados deberán salir a buscar el voto ciudadano, algo completamente ajeno a su labor cotidiana dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Para muchos de los aspirantes, diseñar una campaña electoral representa un reto mayúsculo. A diferencia de los políticos tradicionales, los juzgadores no suelen estar en el ojo público, sus decisiones rara vez son difundidas de manera sistemática y, salvo casos de interés nacional, no son objeto de cuestionamientos en medios de comunicación o redes sociales.
El Poder Judicial, uno de los tres poderes de la Unión, ha sido históricamente el más inaccesible para la ciudadanía. La mayoría de las personas prefieren mantenerse alejadas de sus instancias, ya que su intervención suele asociarse con conflictos como intestados, divorcios, despojos o fraudes.
Hoy, sin embargo, por mandato constitucional, los ciudadanos elegiremos por primera vez a nuestros jueces y magistrados, en un intento de erradicar la corrupción, el nepotismo y las prácticas opacas que han marcado a este poder.
Pero en este nuevo escenario surge una realidad inesperada: la ciudadanía desconoce cómo funciona el Poder Judicial.
A estas alturas, muchas personas siguen creyendo erróneamente que el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial o que éste tiene injerencia en cualquier rama del derecho. Sin embargo, el Ministerio Público depende de las fiscalías adscritas al Poder Ejecutivo, y solo se encarga de asuntos de carácter penal.
El desconocimiento no termina ahí. Pocos ciudadanos saben cuál es la función de un magistrado de circuito, en qué se diferencia un magistrado de lo contencioso, electoral, administrativo o laboral, o qué hace un juez de primera instancia.
Y, sin embargo, en menos de dos meses, los ciudadanos deberemos escuchar a casi 4,000 candidatos que buscarán un puesto en diversas disciplinas judiciales.
En las próximas semanas, es probable que veamos a los candidatos tocando puertas, publicando contenidos en redes sociales, promoviendo jingles, utilizando perifoneo y distribuyendo propaganda impresa (eso sí, en papel reciclado para cumplir con la normativa electoral).
Por su parte, el INE y el Gobierno Federal harán esfuerzos adicionales para incentivar la participación el 1º de junio.
Además, los ciudadanos debemos familiarizarnos con nuevas boletas electorales, completamente diferentes a las utilizadas en comicios anteriores. Cada votante deberá identificar a su candidato, su número en la boleta y el color correspondiente, lo que supone un reto adicional para garantizar un voto informado.
Los aspirantes, por su parte, tendrán que ir más allá de las promesas electorales: deberán explicar cómo proceder el día de la elección para que el ciudadano no se pierda entre tantas opciones.
Al llegar el 1º de junio, es seguro que los candidatos estarán exhaustos por el esfuerzo sin precedentes que representará esta contienda. Y luego, aún quedarán días de incertidumbre hasta que se conozcan los resultados definitivos.
En este contexto, ha habido intentos de influir en el proceso desde sectores inesperados.
Recientemente, la Iglesia católica, a través de la Arquidiócesis Primada de México, anunció que abriría sus canales de comunicación para que los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pudieran difundir sus propuestas, especialmente en temas de protección a la vida.
La convocatoria invitaba a los candidatos a grabar un video de 1 minuto y medio, en el que explicarían su trayectoria, su visión sobre la justicia y su postura en torno a los derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida.
Las grabaciones estarían disponibles en la versión digital del semanario Desde la Fe y en redes sociales a partir del 10 de abril.
Sin embargo, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con un sólido conocimiento del marco constitucional, atajó la iniciativa de inmediato.
En conferencia de prensa, dejó en claro que la separación Iglesia-Estado es un principio inquebrantable:
“Todos en este país sabemos que la Iglesia está separada de la política desde hace muchísimos años. Habrá quejas y denuncias sobre este tipo de casos, y el Instituto las atenderá con la celeridad y contundencia necesarias. Pero la separación de la Iglesia y el Estado es clara: no se puede.”
Con este pronunciamiento, la presidenta del INE frenó un posible intento de injerencia religiosa en el proceso electoral, garantizando el cumplimiento del Estado laico.
Así las cosas, es probable que en los próximos días nos encontremos en paraderos de autobuses, estaciones de metro, mercados y parques a personajes que jamás hemos visto en campaña: aspirantes a jueces y magistrados buscando nuestro voto.
Será una imagen inusual en un país acostumbrado a ver solo políticos en contienda. La pregunta es si lograrán captar la atención de una ciudadanía que, hasta ahora, ha permanecido ajena a su labor y desconoce el número y cargos en juego en las elecciones de junio próximo.
