La elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, como ya hemos señalado en este mismo espacio, ha sido protagonista en los medios de comunicación más por los escándalos y pleitos que por el análisis serio que merece. Lamentablemente, el debate público ha girado en torno a las denuncias y no al fondo del asunto: por primera vez en la historia, los ciudadanos podremos votar directamente por quienes impartirán justicia en nuestro país.
El pasado domingo 13 de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz violaron las reglas de equidad en el arranque de sus campañas como aspirantes a integrar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, al momento de la sesión —conformada por los consejeros Claudia Zavala, Arturo Castillo y Rita Bell López— ya no fue posible ordenar medidas cautelares: los videos y carteles en redes sociales habían sido eliminados.
La falta fue clara y documentada, pero al no quedar rastro visible en plataformas digitales, se apeló a una supuesta imposibilidad de actuar. Aun así, es probable que los denunciantes cuenten con capturas de pantalla, fotos y evidencias de los eventos públicos en los que participaron ambas ministras en funciones.
Este no es un tema menor. El protagonismo del escándalo ha eclipsado lo verdaderamente importante: ejercer nuestro derecho a elegir. Lo mismo ocurre con el despliegue de miles de promotores del “voto judicial” que, bajo el respaldo de Morena, pintarán bardas, colocarán lonas y utilizarán tiempos oficiales para hacer propaganda. Lo que podría haberse convertido en una auténtica fiesta cívica está en riesgo de convertirse en un conflicto político de grandes proporciones.
Se prevé que las quejas comiencen a acumularse una tras otra ante el INE, por la intervención directa de Morena en el proceso. Es cierto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) autorizó a los gobiernos a participar en la promoción de la elección judicial, pero en ningún momento avaló que los partidos políticos lo hicieran.
Esta ambigüedad normativa coloca al INE en una posición delicada, con la presión de resolver una posible avalancha de denuncias en medio de un ambiente de polarización política. Y como si no bastara, la oposición —lejos de presentar propuestas o ejercer una crítica informada— parece más interesada en boicotear la elección, apostando a la desinformación y a que la ciudadanía no acuda a las urnas para que fracase.
Irresponsabilidad es poco para describir la actitud de muchos actores políticos involucrados en este proceso. Entre quienes buscan contaminar el ejercicio democrático con intereses partidistas y quienes promueven el abstencionismo con desinformación, la elección judicial corre el riesgo de quedar atrapada en un lodazal político.
Paradójicamente, la única instancia que ha mostrado solidaridad institucional con el INE ha sido el propio Ejecutivo federal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido a la Secretaría de Gobernación a informar a la ciudadanía sobre la naturaleza de esta elección inédita. En lo personal, no me parece mal que se utilice el espacio de la conferencia matutina para explicar en qué consiste este proceso. Sin embargo, será necesario hacer mucho más si realmente se quiere romper con el abstencionismo y lograr una participación informada.
Por lo pronto, hay que decirlo con claridad: el próximo 1º de junio no votaremos por representantes populares, sino por jueces, magistrados y ministros que tendrán en sus manos la responsabilidad de aplicar la ley de forma justa, honesta, transparente y accesible para todas y todos.
