A un mes de que concluyan las campañas para la elección judicial del 1º de junio, el proceso enfrenta no solo una guerra sucia abierta, sino también un boicot interno silencioso en el Instituto Nacional Electoral (INE). Mientras escándalos como el de Arturo Zaldívar y el llamado TelevisaLeaks azuzan la polarización, exconsejeros como Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y el exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo —quienes defendieron durante años la integridad del INE— ahora cuestionan cada acción de una institución que sigue siendo una de las mejor calificadas por la ciudadanía.
A este desgaste externo se suma una crisis interna: la actitud reiterada de descalificación de ocho consejeros electorales (Claudia Zavala, Carla Humphrey, Martín Faz, Jaime Rivera, Arturo Castillo, Rita López Vences, Uuc-Kib Espadas y Dania Ravel) que ha derivado en un inusual número de impugnaciones, que en su mayoría han dado la razón al grupo minoritario encabezado por Guadalupe Taddei, Norma De la Cruz y Jorge Montaño. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha debido intervenir de manera constante, mostrando una fractura interna que pocos reconocen abiertamente, pero que es inocultable en cada resolución dividida.
La elección judicial de 2025 prometía ser un hito democrático. Sin embargo, campañas de desinformación, acusaciones de infiltración partidista en la observación electoral y la revelación de presuntos acuerdos mediáticos entre Arturo Zaldívar y Televisa han desviado el debate hacia el descrédito y la sospecha. Esto afecta directamente el ambiente de confianza que el proceso requería para consolidarse como una muestra de madurez democrática.
Resulta paradójico que Córdova, Murayama y Jacobo, quienes antes defendían con vehemencia la autonomía y prestigio del INE, ahora cuestionen los mecanismos que en su momento impulsaron, debilitando una narrativa institucional construida durante años. En un contexto de alta polarización política, su viraje ha servido para amplificar dudas y alimentar un clima de confrontación, justo cuando el INE requiere mayor cohesión y respaldo.
Dentro del Instituto, el boicot silencioso es palpable. Los desacuerdos constantes en el Consejo General, los retrasos en decisiones clave y las filtraciones selectivas muestran que no toda la crisis es exógena. Mientras el INE resiste embates externos, su debilitamiento interno por divisiones producto la defensa de intereses particulares y políticos, ha obligado al TEPJF a involucrarse más de lo deseable, desplazando la fuerza que antes emanaba del consenso interno generado desde el Instituto.
En este contexto, la elección judicial no solo definirá a los nuevos jueces, magistrados y ministros; también servirá como un termómetro de la fortaleza institucional del INE. La ciudadanía estará llamada no solo a votar, sino a ser testigo de si el árbitro electoral logra superar tanto el asedio externo como las fracturas internas que hoy lo ponen a prueba como nunca antes, y en riesgo de desaparecer.
