- Más de 520 millones de boletas serán, en su momento, destruidas; el INE rechaza que haya despilfarro
- El INE tiene la obligación constitucional de garantizar a cada persona la posibilidad de votar. “No hacerlo así sería violar el principio de certeza y equidad”: Arturo Castillo
En tanto que los medios aseguran que más de 520 millones de papeletas no utilizadas serán destruidas en los próximos meses, desde el Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Arturo Castillo Loza advirtió: “Las versiones que intentan presentar las boletas sobrantes como un desperdicio buscan minar la confianza en la autoridad electoral”.
Castillo explicó que la impresión masiva de boletas no responde a estimaciones políticas ni a estrategias de participación, sino a una obligación constitucional: garantizar a cada persona inscrita en la Lista Nominal la posibilidad de votar por cada uno de los seis cargos judiciales. La ley mandata que se imprima una boleta por cada elector, para cada elección. No hacerlo sería, según sus palabras, “violar el principio de certeza y equidad”.
Los datos visibles son que se imprimieron más de 600 millones de boletas para ministros, magistrados y jueces. De ese total, se utilizaron poco menos de 78 millones. El resto —cerca de 524 millones— no se tocó. La participación apenas alcanzó al 13% del electorado, dando por resultado el 87% de abstencionismo.
Los paquetes con boletas no utilizadas fueron sellados en bloques de 100, almacenados bajo custodia y no podrán ser destruidos sino hasta que se resuelvan todas las impugnaciones ante el Tribunal Electoral. Solo entonces, el Consejo General del INE emitirá el acuerdo formal para su destrucción.
Según el protocolo, la documentación será destruida junto con las papeletas que sí se usaron, bajo estricta vigilancia y con posibilidad de reciclaje. Aunque existe un precedente de colaboración con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para reutilizar este tipo de material.
Para el consejero Castillo, la narrativa del “desperdicio” es una construcción artificial que busca debilitar al INE en un contexto especialmente delicado como ha sido la primera elección por voto popular de integrantes del Poder Judicial. “Lo que algunos llaman basura, en realidad es parte de un diseño institucional que protege el derecho al sufragio”, sostuvo.
