Cuando se pensaba que este proceso electoral extraordinario ya tenía de suyo suficientes complejidades, aparece en el horizonte el tema de la revisión de los antecedentes de las candidaturas y los requisitos de elegibilidad de las personas candidatas en el proceso electoral para puestos de la judicatura federal y de ciertas entidades federativas, dentro del marco de la reforma constitucional del año 2024.
No debería ser ya un tema: la revisión ya fue practicada por los Comités de Evaluación de los tres poderes federales. Si se desea abrir de nueva cuenta este filtro, se violarían dos presunciones legales: aquella que atiende a la presunción de validez con la que el Senado de la República remitió los listados, que incide con el cierre fatal de las etapas de una elección en proceso, principio toral de la secuela electoral mexicana; la segunda es la presunción de inocencia, pues ninguna autoridad judicial ha encontrado a las personas candidatas, puestas en entredicho, como responsables de nada que las haga inelegibles.
Me preocupa más en este momento la posible vulneración al principio de presunción de inocencia de personas candidatas que pueden ser señaladas por supuestos vínculos con el crimen organizado. Ante esto, no es el Instituto Nacional Electoral (INE) el indicado para declarar tal o cual candidatura como inválida. Las denuncias deben ser presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) o, mejor aún, ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales. El INE no es, ni por asomo, autoridad investigadora, mucho menos judicial. Se debe dar curso a las denuncias de estos casos; se deben remitir a las autoridades de procuración de justicia y se deben deslindar, acaso, responsabilidades tanto de los Comités de Evaluación, del Senado y de las mismas personas candidatas; o se les deben cerrar las carpetas de investigación incluso sin consignar a autoridad judicial si no hay elementos para ello.
En segundo término, abrir una etapa electoral ya agotada y que goza de una presunción de legalidad, atenta contra la integridad y percepción de legalidad de todo el ejercicio electoral, poniendo en entredicho la misma elección a celebrarse el 1º de junio de 2025, y arroja una sombra de duda sobre la mecánica, inédita sin duda, de la implementación de la reforma judicial del año pasado.
Estamos ya en el desarrollo de las campañas electorales, se debe respetar la función rectora y administrativa del INE. Esto conlleva seriedad en todos los entes del Estado mexicano, respeto al trabajo desarrollado, garantizar el debido proceso a las personas candidatas y proceder sin dilación, pero con pruebas fehacientes, contra cualquier indicio de subvertir la elección judicial. No escribo esto en el ánimo de cancelar o aletargar investigación alguna ni soslayar la rendición de cuentas de nadie: abogo por respetar la certeza y seguridad jurídica del proceso electoral en marcha.
Desligar al INE de una función de investigación ministerial que le es ajena, darles espacio a las fiscalías a actuar y seguir adelante con la elección: no debería ser pues tan difícil de hacer. Y esa es mi atenta reflexión: anteponer la voz de la ciudadanía ante la urna. Es todo.
