A cuatro meses de la entrada en vigor de la Reforma Judicial Federal, han sido 18 estados los que han manifestado interés en tener elección judicial, pero, hasta el momento, son 16 las entidades federativas cuyos congresos estatales han modificado sus constituciones para establecer las condiciones con la que realizarán sus elecciones judiciales locales: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, y Zacatecas.
Una vez que, el pasado 15 de septiembre de 2024, entró en vigor el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia de reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF), comenzó a correr el plazo de 180 días (seis meses) para que las 32 entidades del país homologuen sus constituciones con relación a la elección de juzgadores locales, lo cual deberán cumplir a más tardar el 18 de marzo de 2025.
La mayoría de las entidades que se han apuntado para este proceso han reformado sus constituciones, pero tienen atraso en convocatorias y en la definición de candidaturas; por ello, algunas tendrían que esperar a la elección del 2027.
Todo esto abonará a la complejidad y carga laboral con la que el Instituto Nacional Electoral organiza la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación, por lo que el máximo órgano electoral emplazó a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) a tener al menos el número y tipo de cargos en elección a más tardar el pasado 15 de enero de 2025.
En las 16 entidades donde ya se reformaron las constituciones locales para armonizarlas con la Reforma Judicial, que obligará a la elección por voto popular de jueces y magistrados, hay diferentes grados de avance, por lo que es probable que no todas puedan concretar su proceso electoral judicial para el mes de junio. De ser el caso, algunas entidades tendrán que esperar hasta 2027 para elegir a sus jueces y magistrados.
Hasta ahora son pocos los estados que ya también concretaron sus reformas a leyes secundarias, y que emitieron la convocatoria respectiva e incluso ya instalaron sus Comités de Evaluación y, éstos, ya están en fase de recepción de propuestas de aspirantes y definición de las candidaturas.
Algunas de las que han completado total o parcialmente esos pasos son Tamaulipas, Michoacán, Durango y San Luis Potosí.
Otro grupo sólo ha aprobado reformas constitucionales locales o las reformas secundarias, pero no han emitido convocatorias o no han instalado los Comités de Evaluación. Entre ellos: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Destaca el caso de Campeche, estado que, pese a tener su reforma constitucional desde el 29 de septiembre pasado, ya determinó que su proceso electoral judicial será hasta 2027.
En el caso de Tabasco, el Congreso local anunció que acelerará sus trabajos y tendrá dos periodos extraordinarios de sesiones, que se sumarán al realizado el pasado 30 de diciembre, el 9 de enero de 2025 y entre el 14 y el 15 de este mismo mes para designar su Comité de Evaluación, emitir convocatoria y definir candidatos.
Los estados del país más atrasados porque rechazaron la reforma judicial a nivel federal y aún no han decidido sus cambios legales locales son Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Guanajuato.
Otras entidades que se apresuraron a emitir su voto en favor de la Reforma Judicial Federal y ubicarse entre los congresos que permitieron la declaratoria de reforma constitucional federal, pero no han avanzado localmente para “democratizar” sus poderes judiciales locales, son Oaxaca, Quintana Roo, Colima, Guerrero, Hidalgo y Chiapas. En tanto, los estados que están rezagados, aún sin iniciativas de reformas, además de las anteriormente enunciadas, son Baja California Sur, Sinaloa y Yucatán.
El pasado 20 de diciembre de 2024, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo con plazos fijos en los que las entidades deberán registrar avances en etapas preparatorias de sus elecciones locales, para estar en condiciones de ir en junio próximo a procesos electorales judiciales en sus territorios.
En ese momento, el INE resolvió que, sólo si se respetan las fechas, tendrá viabilidad material y operativa para realizar las tareas que le tocan respecto de las elecciones extraordinarias de los poderes judiciales locales concurrentes con la elección extraordinaria del poder judicial federal del 1 de junio de 2025.
Aunque a nivel local los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), son los responsables de esas elecciones en sus respectivas entidades, el INE es el que tiene la facultad exclusiva de actualizar el padrón de electores, elaborar las Listas Nominales de Electores, expedir credenciales de elector, y en elecciones concurrentes realizar las tareas de capacitación electoral y definir ubicación de casillas.
Por eso, el INE impuso a los estados los plazos siguientes:
– 15 de enero para definir número y tipo de cargos en elección.
– 31 de enero para que OPLES e INE reciban la información sobre la geografía judicial sujeta a renovación, con el formato y características que en su momento definirá el Registro Federal de Electores (RFE).
– 15 de febrero para que los OPLES emitan el calendario de actividades de la elección judicial local e incluir campañas; integración de órganos desconcentrados; diseño y producción de material y documentación electoral, y cómputos.
– 28 de febrero para que los OPLES reciban el listado de candidaturas a cargos judiciales locales si las campañas locales duran más de 45 días.
– 15 de marzo para iniciar producción de boletas en esos estados con 45 días o más de campañas.
– 20 de marzo para que los OPLES tengan las listas de candidatos si las campañas duran de 30 a 45 días.
– 5 de abril para arranque de impresión de papeletas si los estados tienen campañas de 30 a 45 días.
– 18 de mayo fecha límite para que todas las entidades tengan impresas todas sus boletas.
El INE se comprometió, a su vez, a emitir a más tardar el próximo 31 de enero el Plan Integral y el Calendario de Coordinación con los OPLES para las entidades que decidieron ir a elección judicial antes del 15 de diciembre.
Para las que lo decidan antes del 15 de enero, el Plan Integral estará el 28 de febrero de 2025.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los “Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del padrón electoral y las listas nominales de electores para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y de los procesos electorales de los poderes judiciales locales 2024-2025, así como de las elecciones extraordinarias que de éstos deriven”; y, los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los referidos procesos electorales.
