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Consejo General del INE declara válida la primera elección judicial celebrada en México

  • Guadalupe Taddei subraya que la democracia se construye desde el voto ciudadano informado
  • El Consejo General aprueba las seis elecciones del nuevo Poder Judicial con enfoque paritario

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), declaró la validez de las seis elecciones que conforman el nuevo Poder Judicial de la Federación. En sesión extraordinaria urgente, la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala afirmó que “la democracia no se impone, se construye desde la base”, reconociendo la participación informada de millones de mexicanas y mexicanos en un proceso sin precedentes.

Taddei destacó que cada etapa del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, desde la instalación de casillas hasta la asignación de cargos, fue posible gracias al compromiso cívico de miles de personas funcionarias, capacitadoras, observadoras y ciudadanas, que garantizaron el ejercicio libre del voto.

El Consejo General aprobó la sumatoria nacional y la declaratoria de validez de las elecciones para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); magistraturas de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Tribunales Colegiados de Circuito; y juezas y jueces de Distrito.

La asignación de cargos se realizó conforme al principio constitucional de paridad, garantizando una integración equilibrada entre mujeres y hombres en todas las instancias judiciales. Entre quienes obtuvieron más votos para la SCJN se encuentran Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y María Estela Ríos, todos con cifras que superan los tres millones de sufragios, según los cómputos presentados.

Taddei enfatizó que este proceso no se limita a números, sino que representa “la expresión viva de la voluntad ciudadana que salió a votar para decidir el rumbo del país”. Agregó que con la validación y asignación de cargos, el INE no solo cumple con la ley, sino que también “honra el principio de que las mujeres y los hombres deben compartir, en igualdad, la responsabilidad de construir el país”.

Previo a la validación de los resultados, se aprobó el procedimiento de verificación de requisitos de elegibilidad, conforme al artículo 38, fracciones V, VI y VII de la Constitución, mejor conocido como “8 de 8 contra la violencia”. Se analizaron 27 casos incluidos en 20 dictámenes, con el objetivo de identificar si alguna candidatura incurría en supuestos de violencia de género, violencia sexual, deudores alimentarios morosos o personas con derechos político-electorales suspendidos.

Aunque no se hallaron elementos concluyentes que invalidaran las postulaciones, consejeros electorales expresaron preocupación por la limitada colaboración de diversas autoridades jurisdiccionales, penitenciarias y fiscales, lo que impidió obtener información clave. En algunos casos, la documentación fue entregada con omisiones o desactualizada, lo que dificultó un análisis exhaustivo.

En al menos tres casos de personas que resultaron virtualmente electas, se recibieron denuncias por hostigamiento sexual, violencia docente o adeudos de pensión alimenticia. Estas situaciones fueron señaladas en el pleno, pero se concluyó que, ante la falta de pruebas firmes o de colaboración institucional, no se podían excluir automáticamente a los señalados.

Tras la votación general y particular del proyecto, el Consejo General validó la elección judicial.

La presidenta Taddei expresó su reconocimiento a las y los ganadores y reiteró su confianza en que desempeñarán sus funciones con compromiso ético. “La transformación democrática del poder judicial requiere cimientos éticos y resultados tangibles que respondan a la lucha de las mujeres contra la violencia”, señaló.

Con esta sesión, el INE concluyó una de las etapas más complejas y delicadas del proceso electoral extraordinario, reafirmando su compromiso con la legalidad, la paridad y los principios fundamentales de una democracia sólida.

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