En otras ocasiones, en este mismo espacio hemos señalado que los mexicanos nos encontramos ante un proceso inédito en materia electoral y de renovación constitucional. Desafortunadamente, el tema judicial resulta poco atractivo para la mayoría de la ciudadanía; de hecho, muchos prefieren evitarlo, pues lo perciben como inaccesible y marcado por la corrupción.
En estas condiciones, y dada la complejidad de la elección de cargos judiciales, el mayor desafío para el Estado mexicano, en su conjunto, será lograr que las y los ciudadanos acudan a emitir su voto el próximo 1 de junio.
“El principal reto para la elección federal del Poder Judicial es generar interés ciudadano, ya que tradicionalmente los jueces no son figuras mediáticas”, señaló en entrevista exclusiva para la agencia Veritas Vox, Javier Santiago Castillo, académico de larga trayectoria en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa; especialista en temas electorales; expresidente del Instituto Electoral del Distrito Federal y exconsejero electoral del Instituto Nacional Electoral.
La entrevista, que analicé con detalle, nos invita a reflexionar sobre temas fundamentales e incluso preocupantes. Por ello, invito a la audiencia a verla en los canales de Facebook y YouTube de Veritas Vox.
Para esta entrega, me centraré en el desafío que implica la difusión del proceso electoral. A estas alturas, desde mi perspectiva, debería ser una responsabilidad de los tres poderes de la Unión, dado que el INE no cuenta con los recursos económicos para adquirir los espacios necesarios para una difusión amplia.
El tiempo apremia y los retos de difusión y participación ciudadana son enormes.
Regresando a la entrevista con Javier Santiago Castillo, es importante destacar su señalamiento sobre el apoyo que algunos sectores de la sociedad han expresado a la reforma. Sin embargo, esto no garantiza que acudan a votar.
“La falta de conocimiento sobre los candidatos judiciales complica la decisión del electorado. Informarse sobre los candidatos es clave para evitar un voto a ciegas, aunque esto requiere un gran esfuerzo por parte de la ciudadanía”, enfatizó.
En este contexto, el exconsejero electoral sugiere aprovechar los tiempos oficiales de los poderes del Estado para difundir la elección sin favorecer a ningún candidato.
El reto, como se observa, es enorme, y la posición de la autoridad electoral es compleja, especialmente cuando el Legislativo no aterrizó las leyes secundarias necesarias para regular la elección, dejando toda la responsabilidad al INE. La única opción del Instituto es cumplir con lo que la Constitución le manda. No obstante, y en coincidencia con Santiago Castillo, “nadie está obligado a lo imposible”, aunque hay que reconocer que el INE cuenta con una amplia experiencia y seguramente hará el mejor papel posible.
En la charla, Javier Santiago Castillo también menciona que, aunque los partidos políticos tienen prohibido participar directamente en la elección de jueces, magistrados y ministros, es muy probable que intervengan de manera indirecta movilizando a sus bases para la votación.
“Creo que la participación va a estar en los partidos. Aunque tienen prohibido participar, sin hacer gala de que están participando, van a movilizar definitivamente a sus bases para la votación. Y hablo de todos, de todos. Hay que ver cómo quedan las listas, porque todos los partidos tienen interés en que quede algún ministro de la Corte afín a sus ideas y visión, entonces van a movilizar. Obviamente, quien moviliza más, (es) pues quien puede más.”
Con esto, el académico sugiere que los partidos encontrarán formas de influir en la elección, impulsando a ciertos candidatos sin hacerlo de manera explícita.
Vaya complicación para quienes deberán fiscalizar las actividades de cientos de candidatos en todo el país. Además, los institutos electorales locales también tendrán que hacer lo propio con los candidatos a magistrados y jueces locales.
Como se observa, la tarea no es menor y, como si fuera poco, según lo señalado por el entrevistado, la participación en la votación será inferior al 20% del electorado.
En una próxima entrega, abordaré lo que el académico piensa sobre la reforma electoral, que seguramente será discutida en el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual legislatura.
