A 97 días de la elección del 1 de junio, en la que por primera vez la ciudadanía participará en la designación de magistrados y ministros, este proceso electoral representa una oportunidad histórica para transformar el Poder Judicial y fortalecer su legitimidad, afirmó Alberto Abad Suárez Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Durante la conferencia magistral La implementación de la Reforma Judicial en México, impartida en el marco del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales (SEPERCIS) 2025, el especialista destacó que, por primera vez, los ciudadanos tendrán incidencia en la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que históricamente solo había recaído en el Ejecutivo y el Legislativo.
“Si revisamos las designaciones de ministros desde 1994 hasta la última en 2023, todas fueron favorables al presidente en turno. Ahora, la población influirá en la integración de la Corte, lo que abre la puerta a perfiles históricamente excluidos por la ausencia de concursos públicos abiertos”, señaló Suárez Ávila.
Además, destacó que esta elección representa una oportunidad para corregir desigualdades en la composición del Poder Judicial, no solo en términos socioeconómicos y de género, sino también en diversidad ideológica.
“El proceso electoral podría incrementar la legitimidad del Poder Judicial de la Federación. Si esto sirve para que la gente confíe más en el derecho y en los tribunales, es un avance positivo. Sin embargo, si el proceso se usa con otros fines, esa legitimidad podría no traducirse en un beneficio real”, advirtió.
Retos y riesgos de la elección judicial
A pesar de los beneficios, el investigador alertó sobre riesgos significativos en la implementación de la reforma. Uno de los más preocupantes es que el amparo deje de ser un mecanismo eficaz para resolver conflictos entre el Estado y el sector privado, lo que afectaría la certeza jurídica de los ciudadanos y las empresas.
“El amparo ha demostrado su eficiencia durante 160 años. Si se debilita, podría afectar la capacidad del Poder Judicial para mediar en conflictos clave, evitando que estos se trasladen a negociaciones opacas entre empresarios y funcionarios públicos”, advirtió.
Otro reto será la curva de aprendizaje que enfrentarán los nuevos jueces y magistrados. Suárez Ávila explicó que el ejercicio de la magistratura requiere años de preparación, dentro de un sistema institucional que regule el ingreso, formación y promoción de los operadores judiciales.
“La carrera judicial no es coser expedientes ni llevarle café al magistrado. Es un proceso de capacitación y trabajo constante. La reforma corre el riesgo de romper ese esquema y provocar la llegada de jueces sin la experiencia necesaria para impartir justicia con independencia”, agregó.
También existe la preocupación de que la elección judicial debilite la deliberación pública dentro de la Suprema Corte, ya que el Poder Judicial ha sido un espacio donde se han discutido temas que no encuentran cabida en el Congreso o en la administración pública.
“El Poder Judicial tenía que mejorarse, sí. Tenía sesgos, sí. Pero es el único espacio donde ciertos temas pueden discutirse dentro del marco del derecho. Si la reforma deriva en una captura de jueces y magistrados por intereses políticos, económicos o ideológicos, habremos dado un paso atrás”, advirtió.
Finalmente, señaló un riesgo aún mayor: que la ciudadanía pierda confianza en la vía legal para resolver sus disputas y busque alternativas fuera del derecho.
“Si la gente deja de confiar en el sistema de justicia, buscará resolver sus problemas por otros medios, y eso es lo que no queremos. El derecho debe seguir siendo la herramienta racional para dirimir conflictos”, concluyó.
Una reforma necesaria, pero con preguntas abiertas
Por su parte, Angélica Cuéllar Vázquez, coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, coincidió en que la renovación de la Corte es un tema que involucra a toda la sociedad.
“Hay corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, claro que sí. Sin embargo, la gran pregunta es si esta es la forma correcta de combatirlo, pues también existen jueces y ministros honestos, con una trayectoria intachable en la carrera judicial”, reflexionó.
Así, a menos de 100 días de la elección, el debate sigue abierto: ¿Se logrará consolidar un Poder Judicial más legítimo y cercano a la ciudadanía, o se correrá el riesgo de debilitar la imparcialidad y la capacidad técnica del sistema de justicia?
