Sin duda, vivimos en la era de la información, pero también de la desinformación, un fenómeno que se ha vuelto cada vez más evidente con la proliferación de noticias falsas o “fake news”, así como con lo que se ha denominado “infodemia”. Este tipo de desinformación tiene como principal propósito obstaculizar la toma de decisiones informadas y distorsionar el debate público, lo que resulta especialmente preocupante en contextos políticos y electorales, como las que vivimos en México.
En la coyuntura política actual, donde se llevará a cabo un proceso electoral inédito para elegir a personas juzgadoras, la aparición y difusión de información falsa ha generado un clima de incertidumbre. Incluso aquellos que ya figuran en las listas de candidatos se muestran temerosos de tomar acciones inmediatas que podrían fortalecer sus candidaturas, debido al temor a represalias o sanciones. Este fenómeno se ha exacerbado por la polarización que existe dentro del propio Poder Judicial, convirtiendo la reforma judicial y el proceso electoral extraordinario en caldo de cultivo para la desinformación.
La infodemia ha tenido el efecto esperado por los especialistas: ha impactado emocionalmente a los futuros aspirantes, muchos de los cuales prefieren mantenerse en el anonimato para evitar ser sancionados por la autoridad electoral. Este vacío informativo, sumado al poco tiempo que muchos tienen para investigar, ha impedido que estudien con detenimiento el catálogo de sanciones aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 23 de diciembre. Este documento establece conductas sancionables, como el financiamiento privado para campañas, el uso indebido de recursos públicos, la contratación de propaganda en medios digitales o tradicionales, y la entrega de beneficios materiales que puedan influir en el electorado.
Sin embargo, también es importante destacar lo que sí está permitido. Según el Artículo 30 del reglamento, durante las campañas electorales, las personas candidatas a juzgadoras podrán realizar erogaciones para gastos de propaganda impresa, producción de contenido para redes sociales, cursos de “media training”, traslados, hospedaje y alimentos, siempre dentro del ámbito territorial correspondiente a su candidatura.
No obstante, se sancionará la organización de foros por parte de dependencias gubernamentales, la participación de servidores públicos en dichos eventos, la realización de actos de campaña fuera del periodo establecido, y la difusión de propaganda calumniosa o que afecte a la niñez. Además, los partidos políticos no podrán posicionarse públicamente a favor o en contra de ninguna candidatura, ni contratar encuestas o entregar bienes para influir en la opinión de los electores.
En este contexto, los candidatos seleccionados por insaculación se mantienen cautelosos, conscientes de las acusaciones y pleitos que prevalecen dentro del Poder Judicial. No es de extrañar que en los pasillos de los juzgados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se escuche constantemente que quienes participarán en la contienda no tienen margen de maniobra para promoverse. Esta situación ha dado pie a la circulación de noticias falsas que buscan vulnerar no solo los derechos de las y los aspirantes, sino también el derecho de los ciudadanos a conocer a quienes elegirán el próximo 1 de junio.
Por ello, es fundamental que los ciudadanos estén atentos a las estrategias que instrumenten las y los candidatos a través de sus redes sociales, visitas domiciliarias, entrega de volantes y foros organizados por la sociedad civil o medios de comunicación que no impliquen costos para ellas y ellos. Los tiempos son complicados, pero la creatividad y la buena capacitación en materia de comunicación y legal que tengan los candidatos serán determinantes para el éxito de sus campañas.
En tiempos de infodemia y noticias falsas, es imperativo desactivar estos intentos de desinformación y poner la verdad por encima de cualquier intento de manipular a la sociedad. La transparencia y el acceso a información veraz serán clave para garantizar un proceso electoral justo y democrático.
