Antecedentes y Contexto
El 24 de diciembre de 2024, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación(DOF) el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025, en el cual se disminuyó la cantidad de $13,476,000,000.00 (trece mil cuatrocientos setenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.) al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y se asignó un monto de $27,000,056,755.00 (veintisiete mil millones cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) para el Instituto.
Tras la disminución del presupuesto al INE, la Junta General Ejecutiva de ese organismo aprobó, el pasado 26 de diciembre de 2024, el ajuste presupuestal interno que contempla reducir a más de la mitad los recursos para la primera elección judicial y fijarlos en 6 mil 219 millones de pesos.
La Junta General Ejecutiva del INE aprobó el ajuste en su presupuesto que implica reducir a más de la mitad los recursos contemplados para realizar la elección extraordinaria del Poder Judicial el 1 de junio de 2025.
Por unanimidad, los integrantes dieron luz verde al acuerdo para ajustar el gasto, luego de la reducción de los más de 13 mil millones de pesos realizados por la Cámara de Diputados que dejó el presupuesto del Instituto en 27 mil millones 56 mil 755 de pesos.
El ajuste del Instituto reduce el presupuesto para la primera elección extraordinaria del Poder Judicial Federal a menos de la mitad de lo solicitado, al pasar de 13 mil 255 millones a 6 mil 219 millones de pesos.
En este contexto, el pasado 9 de enero, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, acompañada de las y los diez consejeros electorales, se reunieron con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. En el encuentro, realizado en Palacio Nacional, se solicitó una ampliación presupuestal de cara a la organización de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación.
Guadalupe Taddei detalló el presupuesto solicitado para cubrir los costos de la organización del proceso electoral extraordinario y destacó que la calidad y la legitimidad de dicha elección no han estado en riesgo, pero el INE requiere una ampliación presupuestal en rubros específicos para maximizar los derechos políticos de la ciudadanía debido a la cantidad de cargos a elegir en estas elecciones.
En Sesión Extraordinaria, celebrada el 16 de enero, el Consejo General del INE aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una ampliación presupuestal de mil 511 millones 757 mil 665 pesos para instalar 86 mil casillas en la elección judicial del próximo 1º de junio, en lugar de las 73 mil proyectadas por el recorte al presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el propio Instituto, “dicho monto está relacionado con disminuciones extraordinarias que fueron estrictamente necesarias para alinearse al presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados. Sin embargo, al mismo tiempo son rubros indispensables para la correcta actuación del Instituto en cumplimiento a las funciones y atribuciones para el ejercicio 2025”.
En esa sesión, la consejera electoral, Carla Humphrey, detalló que el INE utilizará los recursos adicionales solicitados también en la contratación de personal para capacitar a funcionarios de casilla y para atender otros procesos que el Instituto desahoga al mismo tiempo de organizar la elección.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la solicitud de ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2025 y se tiene por presentado el Dictamen para la solicitud de ampliación presupuestal en términos del Acuerdo INE/CG2499/2024.
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/178730/CGex202501-16-ap-6.pdf
https://centralelectoral.ine.mx/tag/consejo-general
Impacto del recorte presupuestal para el INE
El impacto más evidente será la disminución de casillas disponibles. De las 172 mil proyectadas inicialmente, se instalarán 73 mil 850, lo que representa un obstáculo significativo para millones de ciudadanos, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. Además, el INE utilizará una sola urna para depositar hasta seis boletas, lo que complica el proceso y aumenta el riesgo de errores y votos nulos.
En el “nuevo modelo” para la elección judicial, diseñado con los recursos disponibles hasta el momento, los centros de votación agruparían el equivalente a cuatro casillas, esto es, 3 mil electores en cada sitio receptor del voto. Las casillas tradicionales tienen hasta 750 votantes cada una.
Asimismo, la reducción presupuestal al INE aumentaría radicalmente el área de responsabilidad de los Capacitadores y Supervisores Electorales (CAE), al pasar de cuatro casillas de 750 electores a cuatro secciones de 4 mil empadronados cada una. Esto, debido a que se disminuiría casi 58 por ciento el número de CAE, si se compara con el personal disponible en la elección del año pasado, esto es, casi 10 mil posiciones menos de capacitadores.
En el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, el Programa de Capacitación Electoral y Difusión Institucional para el proceso electoral de jueces perdió 4 mil 157 millones de pesos, el 65% del monto aprobado en un principio, lo que obligará el INE a no contratar cerca de 10 mil capacitadores, mientras que el de producción y almacenamiento de materiales operará con 809 millones de pesos, menos de la mitad de los 2 mil 197 millones de pesos solicitados.
Además de la instalación de casillas, el material o la capacitación, las áreas más afectadas por el recorte serán la sala de prensa para medios de comunicación, que sufrió un tijerazo el 70%, el presupuesto de comunicación social, que perdió el 37%, los fondos previstos para el apoyo de auxiliares jurídicos, que se redujeron en un 55%, los servicios informáticos, con un recorte del 23%, así como la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electorales que operará con un 24% menos.
Otros afectados son el programa de “actividades administrativas y sustantivas de oficinas centrales”, que perdió 306 millones de pesos, o el 38% de su presupuesto, así como la Unidad Técnica de Fiscalización, cuyo presupuesto fue mermado de 159 millones de pesos, o el 26.5% de sus fondos originales.
La fiscalización del proceso para la elección de 881 cargos del Poder Judicial de la Federación sufrió un recorte de 40 millones 920 mil pesos, equivalente a 44.5 por ciento del presupuesto que había contemplado el INE. De acuerdo con el ajuste aprobado por el Consejo General, el instituto se vio forzado a quitar este monto, quedándose con un presupuesto de 50 millones 112 mil pesos para vigilar y supervisar los gastos que se efectúen antes del primero de junio de este año, día de la jornada electoral de ministros, magistrados y jueces.
Lo anterior se detalla en el documento entregado por el INE a la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, instancias que analizarán el tema para determinar el tamaño de la ampliación presupuestal al órgano, a fin de mejorar las condiciones de organización de la primera elección en México por voto popular de ministros, magistrados y jueces.
Recordemos que el INE había solicitado originalmente un presupuesto de 40 mil 476 millones de pesos, pero la Cámara de Diputados, en el uso de sus facultades y atribuciones, sólo le asignó 27 mil millones de pesos.
https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/ine-eleccion-judicial-recorte
Impacto en la promoción del voto
Otro reto crítico para el INE es la falta de campañas informativas para promover el voto consciente. En un proceso tan inédito y complejo, es fundamental que los ciudadanos comprendan el rol de los cargos en disputa y su impacto en el sistema judicial. Sin embargo, la austeridad impuesta deja al INE con recursos insuficientes para diseñar estrategias educativas, lo que fomenta un voto desinformado y apatía ciudadana.
Los antecedentes no son alentadores. Procesos recientes como la consulta popular de 2021 (7% de participación) y la revocación de mandato de 2022 (17%) reflejan un bajo interés cuando las elecciones no están acompañadas de información adecuada ni infraestructura suficiente. En este contexto, hay expertos que advierten que la participación en 2025 podría caer a niveles similares, lo que afectaría la legitimidad de los resultados y del propio Poder Judicial Federal.https://www.ejecentral.com.mx/opinion/eleccion-judicial-el-desafio-de-la-participacion-ciudadana-en-perspectiva
