Finalmente, hemos llegado a la impresión de las boletas para la elección de personas juzgadoras que se llevará a cabo el próximo 1º de junio, un proceso inédito en nuestro país. Llegar a este punto no ha sido fácil, especialmente porque el proceso pasó por múltiples etapas llenas de dificultades.
En primer término, recordemos todo el proceso de inscripción de las personas interesadas ante los Comités de Evaluación de los tres poderes de la Unión, seguido del análisis y entrevistas a los aspirantes. Sin embargo, debido al gran número de inscritos y a lo limitado del tiempo, muchas de estas entrevistas fueron delegadas a consultores. A esto se sumó la renuncia de los miembros del Comité de Evaluación del Poder Judicial, lo que complicó aún más las cosas.
Como si fuera poco, quienes seguimos la transmisión en el Canal del Congreso desde la antigua sede del Senado de la República, durante la insaculación, popularmente conocida como “tómbola”, presenciamos un proceso caótico y repetitivo, similar a la famosa película El Día de la Marmota. Errores constantes y ajustes de último minuto marcaron la jornada, hasta que finalmente, tras arduas sesiones de trabajo, se logró un avance significativo.
Sin embargo, los problemas no terminaron ahí. A pocos días de la aprobación de las listas por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), se detectaron inconsistencias, falta de datos de algunos aspirantes y repetición de nombres, entre otros errores.
El momento crítico llegó cuando se advirtió la ausencia de tres aspirantes a ministras de la Suprema Corte: Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Esto obligó a regresar las listas al Senado para su corrección, aunque las inconsistencias persistieron.
A pesar de la evidencia de los errores cometidos por el Senado, comenzó a circular la narrativa de que el INE debía resolver dichas irregularidades por ser la autoridad responsable. No obstante, esta versión no tuvo impacto entre los analistas habituales. Lo que sí ha resonado es que el proceso electoral no estuvo completamente en manos del INE, y que, pese a los múltiples obstáculos, el instituto ha avanzado en tiempo y forma en cada una de sus etapas.
En este contexto, es importante reconocer la templanza y persistencia de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, quien ha manejado la situación con serenidad y una visión de Estado, comprendiendo los retos técnicos y políticos de este nuevo modelo electoral.
Asimismo, vale la pena recordar que, según diversas encuestas, casi el 80% de la ciudadanía aprueba el trabajo del INE y confía en sus procesos. Cabe destacar que estos sondeos se realizaron después de la elección de 2024, lo que refuerza la percepción positiva del instituto.
Desde el inicio del proceso electoral para personas juzgadoras, el 23 de septiembre de 2024, el INE ha superado múltiples desafíos, incluido un periodo de suspensión de casi tres meses ordenado por la autoridad judicial. Ante este panorama, como bien señala Óscar Daniel Rodríguez, presidente en funciones del OPL de Coahuila, lo justo en este momento es que la ciudadanía se informe y salga a votar en la elección del Poder Judicial.
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