Zapopan, Jalisco. 5 de febrero 2025. Durante la conferencia matutina judicial del 5 de febrero, figuras del Poder Judicial en Jalisco, incluidas las magistradas Litania García y Susana Sánchez, junto con la defensora pública federal, Sonia Trujillo, abordaron temas relacionados con la independencia judicial, la precarización de las defensorías públicas, y los riesgos de una posible infiltración del crimen organizado en las elecciones judiciales. Las participantes también denunciaron actos de violencia de género institucional y exclusiones políticas que socavan la justicia en el país.
Uno de los puntos más relevantes de la conferencia fue la exclusión de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, del acto conmemorativo del aniversario de la Constitución en Querétaro. Las magistradas calificaron esta decisión como un “acto de violencia de género institucional” y manifestaron su preocupación por la exclusión deliberada de la máxima representante del Poder Judicial.
“Es histórico y preocupante que tengamos a la primera presidenta de México y que esta misma figura excluya a otra mujer que encabeza el Poder Judicial. Esto es una muestra clara de violencia de género entre mujeres. Nos preocupa profundamente que se estén tomando decisiones que van en contra de los principios democráticos y constitucionales”, señaló la magistrada Susana Sánchez.
La exclusión fue vista como parte de un conflicto más amplio entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, que, según las participantes, ha escalado con la intención de socavar la independencia judicial mediante reformas inconstitucionales.
Otro tema abordado durante la conferencia fue la reciente resolución de la SCJN que permite el financiamiento de campañas judiciales con recursos personales. Las juezas advirtieron que esta medida abre la puerta a la posible infiltración de capitales ilícitos.
“Esto significa que candidatos podrían financiar sus campañas con recursos privados, lo que podría derivar en la participación de grupos delictivos interesados en controlar el Poder Judicial. Estamos frente a una situación que podría llevarnos a tener ‘narcojueces’, lo cual sería desastroso para la justicia en el país”, advirtió la magistrada Litania García.
La defensora pública federal, Sonia Trujillo, denunció el recorte presupuestal y la precarización del Instituto Federal de Defensoría Pública, lo cual ha afectado gravemente a los asesores jurídicos y defensores de oficio.
“Estamos de luto. No se nos pagaron las aportaciones laborales al seguro de separación individualizado. Trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año, defendiendo a quienes no tienen recursos para pagar un abogado, pero estamos abandonados por el sistema”, declaró Trujillo.
La defensora también expuso las dificultades que enfrentan al no contar con suficientes peritos para llevar a cabo investigaciones adecuadas, lo que contrasta con el robusto aparato pericial del que disponen las fiscalías.
“Tenemos un solo perito forense para más de 800 defensores en todo el país. Esto nos coloca en una situación de desventaja frente a las fiscalías, que tienen todos los recursos para llevar a cabo dictámenes periciales”, enfatizó.
A pesar del panorama adverso, las magistradas y la defensora coincidieron en la importancia de mantener la resistencia judicial y hacer un llamado a la ciudadanía para exigir el respeto al Estado de Derecho.
“No estamos solas, seguimos luchando por la legalidad y la justicia. Desmentimos al oficialismo y defendemos contra lo fuerte y arbitrario”, concluyeron.
Las participantes subrayaron que la resistencia actual se centra en el ámbito jurídico, donde cientos de juicios de amparo buscan frenar la implementación de reformas que calificaron como inconstitucionales.
