La elección extraordinaria de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación (PJF), programada para el 1 de junio de 2025, nació como un ejercicio histórico, pero hoy se tambalea bajo el peso de su propia complejidad y la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de llevarla a cabo. Lo que debía ser una prueba de la capacidad de México para avanzar en materia de democracia judicial se está convirtiendo en un laberinto jurídico y político que amenaza con deslegitimar el proceso antes de que siquiera comience.
El pasado 22 de enero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, por mayoría, un juicio ciudadano que obliga al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, a reanudar de inmediato sus labores. La razón es clara: en un proceso electoral, la suspensión del acto reclamado no es una opción. Hasta aquí, uno podría aplaudir la valentía del Tribunal Electoral. ¿Quién podría oponerse a que se garantice el derecho humano de votar y ser votado?
Sin embargo, en la práctica, el Comité de Evaluación ignoró la resolución y decidió presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que enfrenta un conflicto de competencias. Según ellos, otras instancias judiciales habían ordenado suspender sus labores, lo que les impedía cumplir con la orden del TEPJF.
El problema aquí no es menor. La reforma judicial que dio origen a este proceso está plagada de ambigüedades. Por un lado, pretende fortalecer al Poder Judicial con mecanismos democráticos. Por otro, establece límites tan estrictos que cualquier interpretación alternativa, como la que propone la Sala Superior del Tribunal Electoral, viola la Constitución.
La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, presentó un “atajo” para resolver el impasse: que el Senado tome las riendas, insacule a los candidatos y envíe la lista final a la SCJN. Si la Corte guarda silencio, el Senado podría aplicar la afirmativa ficta y mandar la lista al INE. Pero este plan, aunque práctico, está condenado desde el principio. El transitorio décimo primero de la reforma es claro: no hay lugar para interpretaciones extensivas. La Sala Superior, al diseñar este camino alterno, está excediendo sus facultades.
La situación pone al Instituto Nacional Electoral (INE), en un dilema imposible. Si acepta la lista del Senado, se arriesga a violar la Constitución. Si la rechaza, podría ser acusado de desacato al TEPJF. En ambos casos, el INE pierde.
¿Qué pasará si llegamos al 12 de febrero, fecha límite para recibir las listas, y el Comité de Evaluación del Poder Judicial sigue paralizado? El INE se encontraría con las manos vacías, y el proceso, con su legitimidad comprometida.
Lo más preocupante de todo esto es que no estamos ante un error aislado, sino, desafortunadamente, ante un fracaso sistémico avalado por el propio Poder Judicial. Las instituciones encargadas de implementarla carecen de coordinación y, peor aún, de voluntad política para resolver los conflictos.
El Poder Judicial Federal, el TEPJF, el Senado y el INE tienen la responsabilidad de garantizar que este proceso no termine en un desastre.
Si México no logra resolver esta encrucijada judicial, las consecuencias serán devastadoras. Este proceso extraordinario es una oportunidad para fortalecer la democracia y la independencia judicial, por lo que las instituciones del Estado deberían de mostrar profesionalismo y compromiso con los ciudadanos que, en este momento, por cierto, somos los que menos sabemos sobre lo que debemos de votar el proximo 1 de junio y cuál el alcance y significado de esta inédita elección.
La historia juzgará este momento, pero todo indica que, de no actuar con inteligencia y decisión, lo recordaremos como un capítulo más en el catálogo de reformas fallidas que tanto abundan en nuestra historia democrática.
