El próximo 1º de junio, México vivirá un proceso inédito: la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto ciudadano. Un evento sin precedentes que, en teoría, busca democratizar el Poder Judicial, pero que en la práctica ha estado marcado por el desorden, la opacidad y una preocupante falta de rigor institucional. En el centro de esta controversia, el Instituto Nacional Electoral (INE) a quien se le ha cargado con una grave responsabilidad al aceptar y publicar listas de candidatos plagadas de errores y vacíos de información.
El INE, en su sesión extraordinaria del 17 de febrero, aprobó la publicación de las listas entregadas por el Senado, incluyendo versiones con errores e inconsistencias. De acuerdo con la propia autoridad electoral, al menos 2,807 candidatos carecían de información esencial para su identificación, como datos de contacto, CURP o clave de elector. Más grave aún, en el listado del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, 1,430 nombres no contaban con su clave de elector registrada, lo que compromete la fiscalización de sus campañas. También se han detectado casos de jueces y magistrados en funciones cuyo cargo no está correctamente especificado, lo que genera incertidumbre sobre la legitimidad de sus postulaciones.
El INE se ha deslindado de la responsabilidad alegando que no puede modificar ni corregir los errores cometidos por el Senado al integrar estas listas. Sin embargo, su obligación de garantizar un proceso electoral transparente no termina en la simple publicación de los datos recibidos. Al validar y difundir un listado plagado de fallas, el instituto se convierte, para muchos, en cómplice de la improvisación con la que el Senado confeccionó estos registros. No es menor el hecho de que las deficiencias en la integración de los listados afectan directamente la confianza ciudadana en la elección y, por ende, en el sistema judicial mismo.
La elección de jueces, magistrados y ministros debería ser un proceso riguroso, basado en la certeza y la transparencia. No obstante, lo que hemos visto hasta ahora es un proceso empañado por el desorden y la falta de control. En este contexto, es válido preguntarse: ¿cómo puede esperarse una elección confiable si los propios listados de candidatos están en duda?
El desaseo con el que se ha conducido esta etapa del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación tendrá repercusiones. Una ciudadanía desinformada o desconfiada es menos propensa a ejercer su derecho al voto, lo que podría traducirse en una baja participación y en una legitimidad cuestionada para quienes resulten electos. El INE y, en particular, el Senado de la República, deben asumir su responsabilidad en este desastre administrativo y, el Instituto, tomar medidas urgentes para garantizar que la elección judicial no se convierta en un nuevo episodio de desconfianza institucional.
El tiempo apremia. La transparencia y el respeto por el proceso electoral deben ser prioritarios. Para todos los actores involucrados, es momento de actuar con absoluta responsabilidad.
