- El acuerdo del INE para habilitar un micrositio de denuncias ciudadanas contra aspirantes a jueces y magistrados abre un debate sobre los límites institucionales, el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales.
En medio de un proceso inédito de elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, ha surgido una controversia sobre los límites institucionales del Instituto Nacional Electoral (INE), el respeto al debido proceso y el principio de presunción de inocencia, tras la difusión de supuestos vínculos de algunos candidatos con el crimen organizado.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, afirmó durante la última sesión del Consejo General que “revisar requisitos ya acreditados sin evidencia nueva y fuera de los cauces legales puede vulnerar el derecho humano a la presunción de inocencia”. Su pronunciamiento se dio luego de que se aprobara habilitar un micrositio para recibir denuncias ciudadanas contra aspirantes judiciales.
De acuerdo a declaraciones del abogado constitucionalista Ramón López Castro y postulante en la maestria de derechos humanos por la UNAM, quien se sumó a la preocupación: “Convertir al INE en una especie de buzón público para acusaciones anónimas convierte el proceso en un coliseo romano. No hay garantías ni para quien es señalado ni para quien denuncia. Las reglas no pueden cambiarse a mitad del juego”.
En paralelo, el periódico Excélsior reportó este jueves que la organización “Defensores” planea presentar pruebas ante el INE contra algunos candidatos supuestamente ligados a grupos criminales y que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado como terroristas, argumentando que ello podría afectar la relación bilateral con EE.UU.
Interrogada al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó tanto a la organización como a los señalamientos: “Nunca había escuchado de ‘Defensorexs’. Ayer lo dejamos claro: el 99.9999% de quienes participan en esta elección no tienen ningún problema. Si hay pruebas, que se presenten ante las instancias correspondientes, no en los medios o por canales opacos”, dijo. Y añadió: “Me llama la atención que no denuncien también los casos de delincuentes liberados por el Poder Judicial. Hay una clara intención de desequilibrar el proceso”.
López Castro, enfatizó que no se debe permitir que las campañas se conviertan en un “coliseo romano” y defendió el derecho del pueblo a participar sin ser estigmatizado. “No podemos convertir las campañas en linchamientos mediáticos”, afirmó.
El debate sigue abierto, mientras el INE debe equilibrar la apertura a la denuncia ciudadana con el respeto a los derechos fundamentales. En opinión de Ramón López Castro, la Sala Superior del Tribunal Electoral aún podría intervenir en caso de controversia formal y examinar cada uno de los posicionamientos de los consejeros electorales sobre el tema.
Cabe destacar que los argumentos de las consejeras y consejeros que votaron a favor del acuerdo – Claudia Zavala, Carla Humphrey, Rita Bell López Vencen, Dania Ravel, Jaime Rivera, Arturo Castillo, Martín Faz, y Ucc Kib Espadas Ancona- no solo confunden los objetivos de la regla conocida como ‘8 de 8’, sino que parecen aspirar a que el INE se convierta en una especie de policía inquisitorial al estilo de la SS de la Segunda Guerra Mundial, lo cual contraviene por completo los principios democráticos y de legalidad del Estado mexicano.
